En el marco de la discusión del proyecto de Ley de Agenda Corta de Seguridad Ciudadana, que considera aplicar la norma de control preventivo de identidad a los menores entre 14 y 18 años, UNICEF fue enfático en señalar que la delincuencia juvenil debe abordarse con medidas de largo plazo
que se hagan cargo del problema de fondo y no con iniciativas cortoplacistas que no contribuirán a reducir el número de adolescentes involucrados en hecho delictuales, explicitando que no hay evidencia que demuestre que el control preventivo de identidad tenga éxito en esta materia.
UNICEF reiteró que los países que han sido más exitosos en la reducción de la delincuencia juvenil han sido aquellos que han invertido fuertemente en políticas de prevención como España e Irlanda, donde se ha realizado un trabajo mancomunado con todos los involucrados en el sistema junto con generar medidas efectivas de reinserción para los adolescentes que entran en contacto con la justicia.
En este sentido, el organismo internacional dijo que existe un diagnóstico compartido entre los diferentes actores sobre los cambios que el sistema penal adolescentes requiere para cumplir con su objetivo central: responsabilizar a los adolescentes por los hechos cometidos junto con entregarles herramientas para su reinserción. “Los adolescentes que comenten delitos deben responder por sus actos y ser sancionados de acuerdo a su edad y a la gravedad de los hechos. Nadie está por la impunidad de quienes cometen delitos”, sostuvo UNICEF.
El organismo internacional recordó que el sistema penal adolescente requiere trabajar en la especialización de todos los actores del sistema, mejorar los programas de tratamiento, perfeccionar la efectividad y pertinencia de los programas educativos, crear centros de alto estándar y fortalecer las medidas alternativas a la privación de libertad.
En este sentido, UNICEF señaló que el control preventivo de identidad no será una herramienta útil para combatir la delincuencia, porque no se hace cargo de los problemas y dificultades reales que tiene el sistema.
Además la norma contraviene abiertamente la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Chile. “La medida no satisface los estándares de la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita y ratificada por Chile en 1990, y presenta problemas asociados a la observancia de otros tratados internacionales sobre derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Según el derecho internacional, los niños, niñas y adolescentes deben tener salvaguardias especiales cuando están en contacto con la justicia en calidad de imputados de un delito, como víctimas o testigos” sostuvo el organismo internacional.
Adicionalmente, UNICEF recordó que los menores de 18 años no están obligados a portar ningún documento de identificación, lo que claramente dificultará la diligencia policial. “Esta norma dejaría a los menores de 18 años expuestos a eventuales estigmatizaciones, al considerarlos sospechosos de una situación sin que exista ningún indicio de culpabilidad o una acusación formal”, sentenció.
